El artículo 33 de la Constitución consagra el derecho a la propiedad privada, que nadie podrá ver menoscabada de no mediar un interés general y tras la correspondiente indemnización y vía legal. La acción de los okupas colisiona de lleno con este derecho. Por suerte en Málaga no es un problema generalizado o tan habitual como en Madrid o Barcelona, pero sí que preocupa a no pocos vecinos que llaman a la puerta del Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento.

Ayer mismo ofrecíamos una rueda de prensa en la puerta de la Casa Invisible, inmueble de titularidad municipal que nos ha costado 4 millones y en el que el colectivo que ahora lo okupa entró en 2007 dándole una patada a la puerta. Además de llevar a cabo una absoluta competencia desleal con los empresarios hosteleros que sí pagan sus impuestos y siguen todas las normativas y de explotar un espacio en el que Urbanismo ha advertido de serios riesgos estructurales, la última ocurrencia es la de organizar unas jornadas sobre la libertad de expresión con nada menos que exmiembros del grupo terrorista GRAPO.

Hace unos meses, decenas de vecinos de la calle Marqués de Valdeflores, cerca de Juan XXIII, nos pedían ayuda por la presencia de okupas en dos bloques abandonados durante la crisis. Ruidos, incendios, inseguridad, suciedad… Por suerte, tras la denuncia de Cs en el pleno, fueron desalojados y los edificios tapiados.

También acudimos a Baños del Carmen y nos han llegado quejas del entorno de la Plaza de la Merced, calle Manrique, Conde Ureña, calle Guevara… Trataremos de atenderlas todas.

Evidentemente que existen familias que necesitan soluciones, viviendas. Pero para eso están los canales habituales y legales que la Administración tiene establecidos.

Esta línea que llevamos en el Ayuntamiento de Málaga entronca directamente con una acción que Ciudadanos está impulsando en el Congreso de los Diputados y que persigue un plan integral sobre la materia con el objetivo de preservar la convivencia, proteger a los vecinos y defender los hogares.

Reclamamos que los ayuntamientos tengan un papel más activo, especialmente en los casos en los que se detecte que el propietario no está haciendo nada por la recuperación de los inmuebles okupados. Se estima que en nuestro país hay 80.000. Y frente a partidos que amparan y protegen los actos de okupación, Cs lo tiene claro: siempre del lado de las familias y de los vecinos.

Artículo publicado por Juan Cassá en Viva Málaga, el martes 13 de febrero de 2018