Ciudadanos pide medidas contra la okupación y alerta de la presencia de mafias en algunos puntos de Málaga. La formación naranja pedirá en el pleno de este viernes que el Ayuntamiento respalde la iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados por Cs para poner en marcha un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la okupación ilegal en nuestra ciudad.

“El caso de los vecinos de la calle Marqués de Valdeflores no es aislado, nos llegan quejas por okupas en el entorno de la Plaza de La Merced, Lagunillas, Victoria, Manrique, La Isla, La Palmilla, Conde Ureña, Guevara, San Andrés, El Palo o La Palmilla”, explica el portavoz Juan Cassá, que recuerda que gracias a la acción de la formación naranja en menos de un mes se tapió y se procedió al desalojo de los okupas en el entorno de Juan XXIII tras cinco años de ruidos, inseguridad y multitud de incendios intencionados.

La formación naranja pedirá en el pleno de este viernes que el Ayuntamiento de Málaga ponga en marcha una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal, elabore un censo de viviendas afectadas, diferenciando las ocupaciones mafiosas y las de las personas que las realicen por razones de necesidad y refuerce la vigilancia en zonas afectadas consideradas “puntos calientes”.

“Sabemos que existen líneas de investigación tanto de la Policía Local como Nacional en relación a la posible existencia de mafias que realquilan inmuebles okupados. En este caso, el procedimiento es el de cambiar las cerraduras, limpiar las viviendas y ofrecer alquileres baratos, unos 250 euros, para aprovecharse de situaciones de dificultad económica y urgencia social”, denuncia el líder naranja, que pone el foco en que el desalojo de viviendas okupadas ilegalmente se tramiten como “juicios rápidos” para minimizar los plazos procesales y permitir la inmediata recuperación del inmueble por su legítimo propietario.

La iniciativa naranja, que se replicará en multitud de ayuntamientos de todo el país, que aboga por reformar el Código Penal, elevar las penas en casos de ocupaciones ilegales y violentas de viviendas, para tipificar como delito específico las ocupaciones ilegales que o sean promovidas por grupos criminales organizados para obtener lucro, o bien sean llevadas a cabo por dichas organizaciones para desarrollar otros tipos de actividades delictivas, como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos.