Málaga tiene una relación paradójica con el agua. A grandes periodos de sequía le suceden breves episodios de lluvias torrenciales. Es obvio, pero nadie hace nada por dos cuestiones primordiales: el baile de competencias que hay en este país y porque las trincheras ideológicas también afectan a un bien tan crucial.

En España existía hace unos 13 años un Plan Hidrológico Nacional. Ciudadanos y mi presidente, Albert Rivera, no dicen que fuera perfecto pero sí que era un comienzo. En Málaga, se dibujaron nueve obras esenciales valoradas en 40.000 millones de las antiguas pesetas. Sólo se acometió la desaladora de El Atabal. Pero nada se supo de la presa del río Grande (degradada luego a azud y luego borrada); de la mejora de los riegos del Guadalhorce y Axarquía (hay canalizaciones que pierden casi el 30% de los caudales), o del recrecimiento del pantano de La Concepción, en Marbella. Aquí me quiero detener especialmente. Esta presa recoge los caudales de ríos que vienen de una zona que acumula lluvias de hasta 1.000 litros por metro cuadrado algunos años. Pero es pequeña y tiene que ser vaciada con frecuencia para que no rebose. ¡Vaya triste ironía! ¿No hubiera sido lo sensato tener esta obra lista con su correspondiente tubería para traer excedentes a Málaga capital y otras comarcas?, ¿no debe ser la política hidráulica solidaria entre territorios? Pues no se ha hecho nada. Entre otras cosas porque, además de derogarse el Plan Hidrológico cuando el Gobierno pasó del PP al PSOE, dos años después se transfirieron a Andalucía las competencias (más o menos). Y ahora tenemos una amalgama de obras que se reparten las administraciones. Bueno, se reparten las culpas entre sí porque obras, pocas.

Málaga afronta un periodo preocupante. Y, al contrario que el refrán, cada vez que no truena ni llueve nos acordamos de Santa Bárbara. Y no ayuda que el departamento del Gobierno central, Acuamed, que tiene que abordar algunas obras esté salpicado por posibles casos de corrupción. O que la Junta se cargara todo el poder de decisión que tenía Málaga con la extinta Confederación Hidrográfica. La política hidráulica de la Junta es vaporosa.

Urge una mesa estatal regida con criterios técnicos para solventar este problema que cada vez va a ser más acuciante. Hablamos de infraestructuras muy costosas que escapan a la capacidad financiera de los ayuntamientos.

Artículo publicado por Juan Cassá en Viva Málaga, el martes 31 de octubre de 2017