Entrevista publicada en La Opinión el 10 de abril, realizada por Lucas Martín y Gregorio Torres
En poco más de doce meses, Juan Cassá ha pasado de ser un desconocido en el Ayuntamiento a convertirse, y paradójicamente desde la oposición, en el concejal que más poder ha tenido nunca en la etapa de Francisco de la Torre. La aritmética electoral, junto a la ascensión impenitente de Ciudadanos, le han colocado en un papel pocas veces visto en Málaga: el de ser una especie de voz de la conciencia, un alcalde en la sombra y en la bancada crítica que cuenta, además, con la ventaja, también inaudita, de poder contrariar e, incluso, desesperar a un hombre, De la Torre, que lleva 14 años gobernando sin necesidad de pedir segundas opiniones, a golpe de timón y de mayorías.
El nuevo mandato, que es, a su vez, el primero de su grupo en el Ayuntamiento, avanza. ¿Cuál es el estado de salud actual del pacto de investidura? ¿Se han cumplido los objetivos?
La hoja de ruta que nos marcamos en el acuerdo exigía una serie de medidas que debían adoptarse antes de que finalizara el año y que, afortunadamente, se han ido cumpliendo en el plazo fijado. Estamos bastante satisfechos con nuestro trabajo y, además, en las dos líneas en las que siempre creímos que teníamos que fundamentar el trabajo: la de ejercer de oposición crítica y responsable y la de fiscalizar la labor de gobierno. Hemos dejado nuestra influencia en asuntos muy importantes, que van desde el adelgazamiento de la administración y la reducción de cargos designados a dedo a la apuesta por el medio ambiente o el desbloqueo de los presupuestos.
Se trata de cargos de libre designación. Y, en ese sentido, carecemos de argumentos por la vía legal para impedirlo. En este periodo, siempre que hemos tenido herramientas para frenar este tipo de nombramientos, se ha conseguido. Pienso, por ejemplo, en la reducción del 50 por ciento de los puestos de confianza y en la obligación de que a partir de ahora los directores de distrito no sean elegidos por ser del partido, sino por sus méritos y su condición de funcionarios. Otra cosa es la elección de exconcejales como José del Río, que fue refrendado gracias a la abstención de Málaga Ahora y Málaga para la Gente. Insisto en que son cargos de libre designación. ¿Legal? Sí. ¿Ético? Por supuesto que no. Pero es una cuestión del alcalde, de sus formas.
¿Hasta qué punto este tipo de actitudes pueden acabar condicionando el pacto con De la Torre?
Es un tema que, en lo que a nosotros respecta, no forma parte de las cláusulas de las que depende la continuidad de los acuerdos de investidura. Y no porque no nos parezca significativo; hablamos de un asunto de ética. Pero en el acuerdo quisimos dar prioridad a Málaga y a la necesidad de garantizar la estabilidad política, que es un requisito imprescindible para atraer la inversión. Lo estamos viendo ahora en Valencia, que está en una situación que ha hecho que muchos inversores y hoteles renuncien a sus proyectos y busquen alternativas en otros puntos como nuestra ciudad. Y la inversión es la clave, junto al descenso de trabas burocráticas, para generar empleo, que es lo principal.
¿Tuvieron claro desde primera hora el respaldo a De la Torre o se plantearon la alternativa de María Gámez y la coalición?
Lo tuvimos claro. Precisamente por razones de estabilidad. También es cierto que en el proceso hubo un acto de deslealtad por parte del alcalde, que hizo una declaraciones públicas sobre el acuerdo sin consultarlo conmigo, como era preceptivo y habíamos consensuado. Al margen de ese detalle, sabíamos que si había compromiso con los objetivos, seguiríamos adelante.
Muchos apuntan que fue el discurso de Ysabel Torralbo y de Málaga Ahora, atronadoramente crítico con el PP, el que terminó de apuntalar su decisión.
El comportamiento de Málaga Ahora no deja de sorprendernos día tras día. Censuran la gestión de De la Torre y luego se alían con él y se vuelven cómplices de sus famosas recolocaciones. Lo hemos visto con la elección del gerente de Onda Azul o el nombramiento de José del Río. No tienen un criterio claro. Dan la impresión de moverse en función del estado de ánimo de Torralbo o de Espinosa. Coincidimos muchísimo más con Málaga para la Gente. Eduardo Zorrilla, por ejemplo, tiene un gran conocimiento de la ciudad.
La composición actual del Ayuntamiento le obliga a tener una relación estrecha con De la Torre. ¿Qué les separa y qué les acerca en sus respectivas maneras de concebir la política?
Lo que más nos une es el amor por Málaga. Estoy absolutamente convencido de que el alcalde quiere lo mejor para la ciudad. Eso sí, no compartimos, ni mucho menos, las formas. Y con esto me refiero, entre otros puntos, a los dedazos; a De la Torre, que es un político con muy poca capacidad de consenso, le está costando demasiado entender que ya no tiene mayoría absoluta y que no puede dejarse querer por ciertos proyectos que han demostrado ser fracasos estrepitosos. Hablamos, por ejemplo, del polo digital, al que, por cierto, el PSOE apoyó a cambio de que se hicieran ascensores en los distritos. Un proyecto, este último, con el que estamos de acuerdo, pero que es competencia de la Junta. Es alucinante que el alcalde se pase media vida dando palos a la Junta y luego acepte asumir funciones, disciplinadamente y sin rechistar , que corresponden a la administración autonómica. Y todo, por una iniciativa destinada a un proyecto global totalmente fracasado como el de Tabacalera, que lleva consumidos más de 40 millones de euros de dinero público.
Supresión de cargos de confianza, recortes del organigrama, bajadas salariales.. ¿Existe alguna otra fórmula para reducir y aligerar la estructura del Ayuntamiento?
Hemos logrado recortar el sueldo de los gerentes y acabar con la mitad de los asesores a dedo. Todavía, evidentemente, se puede hacer más. Y creo que una vía por explorar, y en la que también hemos insistido en estos meses, es la fusión de entes y de empresas. Todo lo que se avance en esa línea es importante, porque supone ahorrar un dinero que puede orientarse a otro tipo de necesidades. Para nosotros, por ejemplo, es básica la bajada de impuestos. Y hemos logrado que el alcalde se comprometa a bajar 50 millones en tributos directos, ya sea a través de bonificaciones o con otro tipo de sistema. Con eso se crearía un ecosistema más idóneo para crear puestos de trabajo.
Una de las comisiones que preside en el Consistorio es la que tiene por objeto evaluar la eficiencia y el futuro de Limasa. ¿Apuesta por la privatización, por la continuidad o por la conversión en empresa pública?
Cuando me propusieron para dirigir esa comisión hubo quienes dudaban de mi ecuanimidad. Pensaban que íbamos a ser poco críticos. Y hemos demostrado todo lo contario. El fin, en cualquier caso, no es tanto buscar un nuevo modelo de gestión como examinar el actual, ver por qué ha fallado y cuáles son sus riesgos. Dicho esto, lo que tenemos claro es que no queremos el sistema mixto, que, entendemos que, configurado así, para lo único que sirve es para reunir lo peor del modelo público y del privado. Habrá que analizarlo. En algunas ciudades funciona bien uno y en otras, el contrario.
¿Qué le ha parecido la gestión de la huelga? ¿Se podía haber evitado?
Con la huelga creo que hemos dado ejemplo de lealtad; estuvimos, en todo momento, al lado de la ciudad, que se jugaba algo tan sensible y económicamente importante como la Semana Santa. Aun así, somos muy críticos con el alcalde y con la parte privada de Limasa, que, al igual que el PSOE, se ha lavado las manos y ni siquiera se ha tomado la molestia de aparecer.
¿Fue todo culpa de la irresponsabilidad del comité? El equipo de gobierno habla constantemente de privilegios laborales y condiciones abusivas.
La huelga fue, y eso está claro, completamente innecesaria. Hemos escuchado muchas voces críticas respecto a esas condiciones. Y, sin duda, nos sumamos a ellas, aunque no es menos cierto que todos los privilegios a los que alude no surgen de la nada, sino que fueron firmados por el propio De la Torre. Los errores vienen muy de atrás. Y es del todo inaceptable, y más después de once días de huelga, que al final se tenga que resolver el conflicto por la vía judicial. La política no está para dejar los problemas en manos de un juez, sino para resolverlos con diálogo y consenso.