El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga y presidente de la comisión que investiga Limasa, Juan Cassá, ha avanzado que planteará una sesión de mañana muy centrada en la decisión clave de no rescindir el contrato en 2003; en conocer la situación económica de la empresa y detalles de la deuda que mantiene el Ayuntamiento con ella, y en determinar cuestiones sobre si el contrato favorece o no a los socios privados. En este punto, ha querido subrayar que la intención de Ciudadanos era la de que bien FCC o bien Urbaser hubieran comparecido este viernes, algo que han preferido postergar. “Seguiremos insistiendo en que vengan. Tienen que dar muchas explicaciones a Málaga. La parte privada ni está ni se le espera y se borra continuamente de los problemas y conflictos”, ha criticado.
Así las cosas, el compareciente único será Ángel Miranda, quien fue jefe de servicio de Limpieza en el Ayuntamiento entre 2008 y 2011 y actualmente desarrolla su actividad en las instalaciones de Limasa como persona de enlace entre la empresa y el ayuntamiento, supervisando la gestión económica…
“Queremos ser muy exhaustivos con las cuestiones económicas de un servicio caro y malo. No entendemos por ejemplo por qué la deuda de Limasa ha aumentado a razón de 4 millones de euros al año desde hace cuatro o cinco años”, ha resaltado Cassá, quien ha señalado que la deuda ascendería en estos momentos a unos 20 millones de euros
Se da la circunstancia de que la comisión se celebra el mismo día que el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, está llamado en calidad de testigo a declarar en la Fiscalía tras el escrito presentado por Ciudadanos. Cabe recordar que dicha acción emana de la propia comisión de investigación de Limasa, cuando el representante sindical dejó entrever que los partidos habrían enchufado a trabajadores en la empresa. “Se está demostrando que era necesaria esta comisión. Estamos demostrando que no somos cómodos para nadie y que, a la vez, somos ecuánimes y flexibles con las peticiones de todos los grupos”, ha resaltado el concejal, quien ha precisado que la cuestión laboral centrará también parte de las preguntas de C’s.
El año 2003, determinante
La formación naranja considera determinante la decisión de 2003 de no resolver el contrato de Limasa, pese a contarse con un dictamen del Consejo Consultivo que abría la puerta para ello y que, incluso, pudo servir de base jurídica para eximir a ambas partes de indemnizaciones. Aquel escrito, de hecho, señalaba a los privados como responsables de la falta de paz social en Limasa. “Queremos incidir mucho en aquel periodo. De hecho, llevamos tiempo criticando que, a partir de entonces, fuera el alcalde quien tomara las riendas de la negociación colectiva. No nos parece bien la presencia de los partidos políticos en las relaciones laborales de la empresa. Ni en el caso del alcalde, ni en el caso de algunos partidos de la oposición que entran en cuestiones disciplinarias”, ha argumentado. Para el líder de C’s, será clave determinar los porqués de mantener el contrato, una decisión que se tomó ‘in extremis’ tras las presiones de los privados.
Entre las preguntas del cuestionario que pretende formular Cassá, se encuentran también algunas relativas a propuestas para mejorar la gestión de Limasa y sobre el futuro modelo, ahora que se acerca el momento de tomar una decisión (Ciudadanos pretende que sea antes del 15 de julio, como se aprobó en el último pleno)