Los hechos son tozudos y siguen demostrando la falta que hacía la comisión que investiga la mala gestión de Limasa. Sólo Ciudadanos creyó en ella y la peleó pese a las negativas iniciales del resto de fuerzas. Las conclusiones y las acciones han dado la razón al tesón de los concejales de la formación naranja. El viernes se celebró una nueva sesión, con la comparecencia del funcionario Ángel Miranda, muy reconocido y gran conocedor de las cuestiones sobre todo económicas de la relación Ayuntamiento-Limasa. Prácticamente a la misma hora, el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, declaraba en Fiscalía tras el escrito presentado por C’s. Esta acción emanaba precisamente de la anterior sesión de la comisión de Limasa y apunta a que los partidos políticos habrían enchufado a gente en la empresa, según el testimonio del representante sindical. Tras su comparecencia del viernes, el fiscal ha decidido seguir investigando.
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, es el presidente de la comisión y comenzó su intervención recriminando la ausencia de los socios privados, algo que la formación había solicitado. En contraposición, agradeció al funcionario su claridad y valentía. La deuda de Limasa y cuestiones como el canon de asistencia técnica, que suma 24 millones de euros y para el que C’s aún no ha logrado la pretendida justificación, centraron gran parte del interrogatorio. En este sentido, Miranda admitió que este canon, que Cassá consideró una tarifa “por asistirse a uno mismo”, podría suprimirse en futuros contratos. Miranda también afirmó que lo que menos le gusta del contrato es la existencia de tres empresas privadas y refrendó que los privados “arriesgan cero” con las actuales normas de juego.
Por otra parte, Miranda aseguró no tratar con los socios ni entrar en las cuestiones laborales (incluidas las disciplinarias) en Limasa por ser algo que no le gusta. Sobre los referidos posibles enchufes, eludió profundizar en consideraciones más allá de los no poco habituales rumores al respecto. Eso sí, opinó que hay exceso de politización en las relaciones laborales en la empresa.
Cassá se mostró muy crítico por el hecho de que este funcionario fuera en su día relevado en su cargo tras haber enjugado la deuda del Ayuntamiento con Limasa. A partir de entonces, ésta ha crecido a un ritmo de cuatro millones anuales hasta alcanzar los actuales 20 millones de euros
El portavoz naranja defendió, en este punto, los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir la función pública. Miranda achacó dicha evolución al marco de austeridad impuesto desde el Gobierno central y al propio crecimiento de la ciudad con respecto al contrato inicial.
Otros aspectos sustanciales de la sesión del viernes apuntaban al año 2003, clave porque entonces hubo la posibilidad de rescindir el contrato con Limasa, extremo avalado por el propio Consejo Consultivo, que, además, culpaba a los privados de la conflictividad laboral. Dicha resolución, incluso, abría la puerta a que no hubiera indemnizaciones de peso. Miranda, a este respecto, reconoce que las cuentas para aquella rescisión salían. C’s también puso el acento en que los socios privados no formularon las cuentas entre aquel año 2003 y el 2005.
Sobre la posibilidad de que Miranda se hubiera negado a firmar documentos, el funcionario aseguró que sí, pero le restó importancia a este punto, dado que son cuestiones que, según dijo, son del día a día. En todo caso, nunca hubo un problema con las certificaciones, más allá de lo complejo de encajar cifras tan altas.
Miranda eludió entrar en el modelo de gestión de Limasa para el futuro, aspecto que considera cuestión política, pero sí cuantificó en unos 10 millones de euros la cantidad anual que se podría ahorrar con un formato público