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Elio Casañ, de la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada, y Álvaro Palomero, de la Asociación Nacional de Seguridad Privada, han defendido en la comisión de Economía y Recursos Humanos la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos, que ha salido adelante, para que se exija en la mesa de contratación de licitaciones de servicios de seguridad privada municipales que la empresa aplique el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad Privada. Se acreditará que todo el personal que realiza servicios de seguridad privada en instalaciones municipales o de sus entes o empresas cumpla con los requisitos establecidos a tal efecto en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. También existirá un protocolo de coordinación entre los trabajadores que desempeñan labores de seguridad privada en instalaciones municipales y la Policía Local.

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Según obra en poder del grupo municipal de Cs, se han acreditado irregularidades, entre muchas otras, en Emasa; en el recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga; y en 24 casetas de la Feria de Málaga. En el primer caso, se trata de las instalaciones de una sociedad participada por el Consistorio, por lo que reviste una especial gravedad, pero en los otros dos casos los hechos ocurrieron en espacios cedidos para realizar una actividad concreta. Ciudadanos entiende que es obligación del Ayuntamiento velar por que el adjudicatario o cesionario del uso de unos espacios municipales cumpla la normativa específica a este respecto, puesto que, en última instancia, prestar este servicio por personal no cualificado redunda en una menor seguridad para la ciudadanía, máxime en unos eventos que tanta repercusión tienen para el buen nombre y la economía de la ciudad.

De igual forma, los trabajadores del sector de la seguridad privada que desarrollan su actividad en dependencias municipales no cuentan con una interlocución directa con el cuerpo de Policía Local, articulándose el servicio mediante registros que son entregados al Consistorio una vez finalizado el día de trabajo y que, por tanto, en el mejor de los casos, son examinados por funcionarios al día siguiente de haber ocurrido, si es el caso, algún incidente. Durante el servicio, la referencia que el personal de seguridad privada tiene como persona a la que reportar es, habitualmente, el responsable de mantenimiento de las instalaciones en las que presta el servicio contratado. Ciudadanos entiende que sería deseable que la interlocución, de ser necesaria, se realice con un profesional formado en el ámbito de la seguridad.

En otro orden de cosas, existe un  Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad Privada, pero muchas de las empresas que operan en el sector han decidido libremente firmar convenios colectivos de empresa, que regulan las condiciones de trabajo de sus empleados. La aplicación de estos convenios colectivos de empresa hace que los trabajadores que desempeñan las mismas funciones en distintas empresas perciban una retribución incluso 500 € inferior cada mes a los que trabajan para empresas en las que se aplica el mencionado convenio estatal. Esta circunstancia hace que, normalmente, estas  empresas  estén  en  condiciones  de  realizar  ofertas económicas más competitivas, pero el grupo municipal de Cs no considera ético que la ventaja competitiva de estas empresas se base primordialmente en ofrecer unas condiciones retributivas a sus trabajadores legal, pero sensiblemente inferior a las que ha pactado el sector en todo el territorio nacional. Por eso ha sacado adelante esta iniciativa que ha defendido el viceportavoz naranja, Alejandro Carballo.