La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha desgranado las mociones que la formación presentará al pleno ordinario del mes de julio. Como proposición urgente, Cs pedirá limitar a 50 euros el cobro por asistencia a plenos y comisiones de los concejales que ya tengan dedicación exclusiva en otras instituciones. En cuanto a las mociones ordinarias, Losada ha avanzado que irán encaminadas a medidas para proteger a los propietarios frente al fenómeno de la ‘okupación’ ilegal, por un lado, y a que el Gobierno central dé marcha atrás y permita a los ayuntamientos utilizar su superávit en políticas sociales y dirigidas a las familias.
En cuanto a las retribuciones de los ediles con dedicación exclusiva en otras administraciones, Losada ha querido ser clara:
“Desde Ciudadanos, entendemos que se produce una duplicidad de ingresos, máxime cuando la asistencia a órganos colegiados de este Ayuntamiento se ocasiona en horario teóricamente designado a terceras instituciones. De hecho, en la actualidad, estos emolumentos ascienden a 500 euros por pleno ordinario y 250, por comisión y sesiones extraordinarias. Nosotros en nuestra moción pretendemos que se fije un máximo de 50 euros por sesión, que consideramos que es cantidad suficiente para cubrir los gastos generados por asistir a plenos y comisiones”.
La concejala ha considerado que el momento para presentar esta iniciativa es el oportuno por la crisis económica y social que vivimos. Además, ha recalcado que es el pleno del Ayuntamiento quien tiene potestad para determinar fijar las retribuciones. Así, de hecho, se recoge en el artículo 123 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Superávit de los Ayuntamientos
Ciudadanos ya presentó a la Comisión de Economía de junio una moción para que el Gobierno central flexibilizara la regla de gasto de manera que el Ayuntamiento de Málaga pudiera invertir los más de 48 millones de euros de superávit de que dispone en dinamización social y económica. “Entendemos que este dinero, producto del buen hacer de la administración local, es clave para el desarrollo de políticas de reconstrucción y reactivación que vayan directamente dirigidas a las familias y a política social”, ha explicado Losada, quien ha mostrado su sorpresa por el reciente anuncio del Gobierno de querer usar el 65% de este superávit a modo de préstamo: “En contra de la propia Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, nos encontramos, y lo habrán visto en medios de comunicación en los últimos días, con que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere ‘secuestrar’ en forma de préstamo gran parte de estas partidas. Entendemos que no es de recibo y que el Gobierno de España tiene que mostrar su apoyo al municipalismo y dar marcha atrás en estos planes. Es más, debería completar esta disponibilidad económica con dinero procedente de Europa”.
Cs, en su moción, recuerda que en marzo, el Gobierno autorizó a las entidades locales para que dispusieran del 20% del superávit y que dicho porcentaje es claramente insuficiente. “De hecho, en el caso de la ciudad de Málaga, el montante de las primeras actuaciones de choque en el ámbito social ya han superado los 7 millones de euros, lo cual nos da una idea de la gravedad de la situación que nos ocupa y de las actuaciones que deberán llevarse a cabo”, ha añadido.
En los últimos días, el Ejecutivo central anunció el borrador de un decreto ley que pretende que las entidades locales cedan su superávit a la Administración central en concepto de préstamo y que el Gobierno les devuelva un 35% de esa cantidad cedida mediante transferencia. El sobrante del superávit (65%) cedido por los ayuntamientos será usado por el Gobierno para financiar sus propios gastos y sería devuelto a partir del año 2022 durante un plazo de diez años.
“La medida supondría autorizar a los ayuntamientos el gasto de hasta 5.000 millones de euros, a cambio de entregar al Estado un total de 14.000 millones de euros que serían devueltos en un plazo de 10 años, cuando obvio que los gastos que tengan que afrontar los ayuntamientos son a corto y medio plazo. En definitiva, pedimos un compromiso por escrito del Gobierno de España para que no utilice parte del superávit acumulado de los ayuntamientos españoles; modificar la regla de gasto, y negociar con la FEMP el borrador del decreto para modificar sustancialmente sus términos”.
‘Okupación ilegal’
No es la primera vez que Ciudadanos ha traído al pleno en varias ocasiones casos concretos relacionados con la ‘okupación’ y la ciudad de Málaga. “El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los Estados de Derecho. Así lo expresa el artículo 33 de la Constitución española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento. Hay muchas personas, ciudadanos inocentes, que son víctimas de la ‘patada en la puerta’ que encima asisten impotentes a toda odisea no sólo temporal, sino también de trámites para recuperar lo que es suyo”, ha explicado la portavoz naranja.
El texto de la moción señala como imprescindible acercarse a este problema desde tres enfoques. El primero es jurídico. Aquí, se encuentran las reacciones de la ley contra los actos de ocupación ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de «usurpación» y tipificadas en el Código Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin autorización (artículo 245.2).
El segundo enfoque es político y social. Se trata, por un lado, de aquellos supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por ejecuciones hipotecarias, y, por otro, de aquellos en los que se incluyen las ocupaciones ilegales. “Ambos suponen una privación del derecho de la propiedad, pero, mientras que las víctimas de desahucios merecen toda nuestra protección en la medida de lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas merecen todo nuestro reproche”, ha precisado Losada.
Por último, es necesario distinguir entre las ‘okupaciones’ llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, con fines lucrativos, y, por otro, las realizadas por grupos antisistema.
“Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La ‘okupación’ es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Las comunidades de vecinos también sufren el deterioro de la convivencia, siendo el tráfico de drogas de los llamados ‘narcopisos’ el caso más extremo”.
“Nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad, esto es un hecho. El Defensor del Pueblo ya inició, en diciembre de 2016, una actuación de oficio”, ha proseguido y ha añadido que, atendiendo al Derecho comparado, casi todos los países de nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos y eficaces. Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia o Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la recuperación de su legítima propiedad en un plazo envidiablemente corto de tiempo.
La iniciativa demanda, en primer lugar, elaborar un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas, con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Junta. En segundo lugar, apunta a la necesidad de potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles. Por último, pretende instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas.