Ciudadanos lleva meses reclamando que el Gobierno permita a los ayuntamientos disponer del 100% de su superávit para afrontar la pandemia.
Además, en los Pactos de Reconstrucción, todos los grupos políticos, salvo el PSOE, acordaron flexibilizar la regla de gasto de las entidades locales en los ejercicios 2020 y 2021. En el caso particular del Ayuntamiento de Málaga, este grupo municipal presentó una moción al pleno de julio en la que se solicitaba al Gobierno de España que no utilizara parte del superávit acumulado de los ayuntamientos españoles. De esta manera, se instaba a que éstos pudieran invertir íntegramente el superávit en ayudas a la economía local, familias y empresas que en el caso de este Ayuntamiento asciende a 48 millones de euros.
Los ayuntamientos son las instituciones que están identificando las necesidades de sus ciudadanos con más cercanía y rapidez y están actuando con los medios que la ley les proporciona para intentar paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia de una manera eficaz e inmediata.
Sin embargo, durante los seis meses transcurridos desde la declaración del Estado de Alarma, el Gobierno Central se ha negado a posibilitar que los ayuntamientos pudieran usar el superávit acumulado para ayudar a la economía local, familias y empresas.
La gravedad de este asunto no solo está en la inacción por parte del Gobierno Central para modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sino que el Ejecutivo de Sánchez, en lugar de apostar por el consenso con las instituciones locales, decidió ir en solitario con una norma con la que ni siquiera muchos de los alcaldes del PSOE estaban de acuerdo.
Ha sido necesario el rechazo de la mayoría del Congreso a este decretazo unilateral para que el Gobierno reconozca su error y rectifique, aunque dicha reconsideración sigue siendo insuficiente y el tiempo corre en contra de todas las actuaciones que son necesarias desde hace meses y que siguen sin atenderse.
De hecho, no se conoce aún cuál será el detalle del nuevo Real Decreto Ley anunciado por la ministra de Hacienda María Jesús Montero, más allá de la intención de suspender la regla de gasto en el ejercicio 2020.
El Gobierno de Sánchez tiene que aclarar si se mantendrá la suspensión de la regla de gasto en 2021 y la posibilidad, por parte de los ayuntamientos, de disponer del déficit acumulado durante ejercicios anteriores.
Y también es preciso que el Gobierno reactive el diálogo con la FEMP y el resto de grupos políticos para que el borrador del nuevo decreto ley se apruebe con el máximo consenso y atendiendo a las necesidades reales que los municipios llevan meses solicitando.