El posicionamiento político de Ciudadanos sobre el impuesto de plusvalías es claro. Algunos de sus supuestos son especialmente confiscatorios y sangrantes: los casos de venta a pérdidas y las herencias, sobre todo en caso de vivienda habitual. Pensamos sinceramente que la administración puede ganar en capacidad financiera perdiendo grasa y ganando en músculo, reorientando ingresos y gastos. Y con esa responsabilidad venimos actuando desde que llegamos al Ayuntamiento de Málaga, donde se han duplicado las bonificaciones a los ciudadanos: más de 3 millones de euros cada año, sobre todo orientados a aquellos casos más sangrantes.

Ahora mismo se le bonifica con hasta el 95% y según el valor catastral a aquellas personas que convivían con el fallecido durante al menos los dos últimos años. Son los casos más injustos. Pero no es suficiente. Hay que seguir ampliando los supuestos. Poco a poco habrá que ir eliminando requisitos y, por lo tanto, beneficiando a más gente. No va a ser fácil porque el PP y su portavoz y concejal de Economía, Carlos Conde, no son proclives. Se resisten a estos cambios. Como se resistió el PSOE a eliminar el impuesto de Sucesiones. Como se resisten también los socialistas a bajar la plusvalía allí donde gobiernan por más que luego su tercer portavoz del mandato se dé golpes de pecho en el Ayuntamiento de Málaga. Golpes en el pecho, que no en la puerta del equipo de gobierno. Porque negociaciones, ninguna.

Y el PP nos llamó “antisistemas”

Otro caso claramente injusto es el de la venta a pérdidas, algo que fundamentalmente se ha producido durante los duros años de crisis. Es cierto que la plusvalía no grava el valor del inmueble, sino que atañe al valor del suelo. Ya hubo una primera sentencia en el País Vasco que anulaba el cobro cuando se habían producido pérdidas. La norma foral es un calco de la estatal. Y por eso entendimos que había que ponerse las pilas. Carlos Conde nos llamó “antisistemas”. Y se alió con el PSOE para tumbar la moción que presentamos. A las pocas semanas, el Tribunal Constitucional vino a darnos la razón. Posteriormente, conseguimos que hayan quedado en suspenso todos los casos en los que el contribuyente crea que vendió a pérdidas. Y lo más importante: se revierte la carga de la prueba. Ya no es el ciudadano quien tiene que demostrar, con cálculos complejos, esta realidad. Es la Administración. A estas alturas más de 2.000 malagueños se han beneficiado de esta nueva situación.

En todo caso, Ciudadanos entendemos las reformas como un castillo de naipes. Hay que ir quitando carta a carta con sumo cuidado para no producir desequilibrios graves en el edificio. Carta a carta pero sin tregua. Y está claro que la plusvalía, que supone ingresos anuales de 55 millones para el Ayuntamiento, debe ir en retirada. Ojalá pronto llegue un acuerdo nacional, vía Federación de Municipios o Gobierno, para que estos ingresos les sean compensados por otra vía de financiación a los ayuntamientos. Pero tenemos que dejar de meterle la mano en el bolsillo al contribuyente.

Artículo publicado por Juan Cassá en Málaga Actualidad, el martes 14 de noviembre de 2017