Era un clamor y algo de lo que Ciudadanos venía avisando desde la pasada primavera: llegamos tarde y habrá que prorrogar el fiasco de Limasa III. De entrada, ya hoy, sumamos cuatro meses de retraso, según ha admitido el gerente de la sociedad Rafael Arjona que, aunque desafiante y huidizo en las respuestas, compareció el pasado viernes en la comisión de investigación. El directivo dejó entrever que el nuevo contrato habría que formalizarlo el 1 de enero de 2018 para hacerlo coincidir con el ejercicio natural.
A la sesión, en un comportamiento sin precedentes, no acudió ninguno de los concejales del PP. Dado que no se trata de un órgano en el que se produzcan votaciones, con un edil hubiera bastado. Al término de la comisión, su presidente, Juan Cassá, afeaba la conducta de los populares: “Hay que recordar que no es una reunión, es un órgano reglado por este Ayuntamiento. Es un hecho sin precedentes y nos parece muy grave que el responsable politico de limasa no aparezca. Es una falta de respeto a los comparecientes, a los grupos políticos y sobre todo a los malagueños”.
El portavoz de C’s centró sus preguntas en los recursos humanos en general y, en particular en cuestiones como que la masa salarial suponga el 80% del presupuesto de Limasa; que haya 133 empleados en supuesto fraude de ley por concatenación de contratos y que se esté pensando en sumar a 300 trabajadores en la fase final del contrato, o en el volumen de la plantilla. Arjona eludió pronunciarse sobre los posibles enchufes por parte de partidos políticos en Limasa y se remitió a las pesquisas que está desarrollando en estos momentos la Fiscalía.
El canon de asistencia técnica o las investigaciones de Hacienda sobre el modo de declarar dicho canon también ocuparon parte de una sesión, en la que también estaba prevista la comparecencia del exconcejal de Medio Ambiente Bernardo Pinazo, quien, por motivos de agenda, tuvo que renunciar en el último momento aunque se ofreció a responder por escrito.
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