El Instituto Municipal de la Vivienda cambiará su política de compra de viviendas para uso social y destinará el dinero invertido en alquileres para beneficiar a más familias. Esta iniciativa de Ciudadanos, defendida por el viceportavoz Alejandro Carballo, ha sido aprobada en el Pleno, aunque no se pondrá en marcha hasta que se consigne una nueva partida presupuestaria.
El IMV realiza compras de viviendas a particulares mediante procedimientos de oferta pública de adquisición a través de concurso público. Este plan de viviendas comenzó en 2014 y en el último Consejo Rector del IMV se aprobó la tercera parte del mencionado plan, habiéndose invertido 500.000 euros en 2014 y 1.080.000 euros en 2015. Para el presente año, la inversión prevista en este concepto asciende a 750.000 euros.
En total, el Ayuntamiento, a través del IMV, se gasta unos 2,3 millones de euros, que han supuesto la incorporación de 32 viviendas de las adquisiciones de 2014 y 2015, más las 12 que el IMV tiene previsto adquirir con la partida de este año.
La adquisición de viviendas tiene como objetivo destinarlas a familias en riesgo de exclusión social dentro del Plan FRES y a alojamientos transitorios para familias desahuciadas. Esta nueva convocatoria del 3º Plan de Compra de Viviendas contempla la adquisición de inmuebles que deben tener un mínimo de dos dormitorios, cocina, baño y salón, así como ser accesibles.
Tanto las viviendas como las zonas comunes del edificio deben estar en buen estado de conservación, habitabilidad y accesibilidad. Podrán ser de segunda mano o de nueva construcción y la antigüedad del edificio no podrá ser superior a 50 años. Además, cada una de ellas no podrá superar los 60.000 euros de coste. Una vez que se adquieran los inmuebles, se destinarán al Plan FRES, que posibilita que familias en riesgo de exclusión social accedan a una casa. En concreto, se ofrecerán en régimen de alquiler social, con una mensualidad que oscila entre 75 y 150 euros.
Parte de estas adquisiciones se dedicarán a viviendas o alojamientos transitorios, que gestionará el área de Derechos Sociales y las ONGs a través de Puerta Única. El importe máximo que se paga por las viviendas es de 60.000 € y deben cumplir una serie de requisitos de calidad, accesibilidad y habitabilidad.
El Grupo Municipal de Ciudadanos está totalmente de acuerdo con el objetivo de esta iniciativa: ofrecer un alquiler social a familias en riesgo de exclusión. Pero C’s considera que no tiene sentido paliar la problemática de la exclusión social por falta de vivienda mediante la compra de inmuebles que aumenten paulatinamente el parque de vivienda pública, ya que es un sistema lento e ineficiente por los pocos casos que se pueden atender.
Por poner un ejemplo, partiendo de un precio de alquiler de 450 €/mes (precio de mercado y el que cubre el Ayuntamiento a los beneficiarios del registro de arrendamiento) y con el 100% costeado por el IMV, se podría cuantificar que el coste anual de alojar a una familia es de 5400 €. Teniendo en cuenta la situación de crisis, podemos calcular que el IMV va a tener esa carga durante dos años: 48 meses en los que se haría cargo del 100% del alquiler de esa familia, lo que supondría 10.800€ en los dos años.
Dividiendo el total de la inversión del III Plan de Compra de Viviendas (750.000 €) se llega a la conclusión de que se podría ofrecer alojamiento a 69 familias durante dos años, cubriendo el 100% del coste habitacional (a excepción de gastos de comunidad que tampoco se contemplan en el actual plan de alquiler).
Para C’s, la solución más efectiva sería redirigir los recursos actuales (750.000 €) al alquiler de vivienda en lugar de a la compra, porque la lógica de las matemáticas nos indica que en 2016 se beneficiaría a 69 familias en lugar de a solo 12, y la situación de crisis actual nos apremia a tomar determinaciones dirigidas a ayudar a las personas más necesitadas a corto plazo.
La formación naranja ha sacado adelante una iniciativa para que el equipo de gobierno invierta en el futuro la partida presupuestaria destinada por el IMV a la compra de viviendas en alquileres, para cubrir el mismo objetivo social: destinarlas a familias en riesgo de exclusión dentro del Plan FRES y a alojamientos transitorios para familias desahuciadas, pues se multiplicaría el número de personas beneficiadas en el actual contexto de crisis. En la próxima partida presupuestaria se incluirá inversión para alquileres, y en futuros presupuestos se cambiará definitivamente la política de compra de viviendas para uso social por la de alquiler.
Ciudadanos entiende que debe plantearse la concentración de los recursos destinados a vivienda en el alquiler y no en la compra, pues es significativo que cuando el Ayuntamiento habla de la adquisición de viviendas lo hace en términos de inversión y no de gasto social, que es en teoría el primer fin de esta actuación, y la naturaleza transitoria de las delicadas situaciones personales de los ciudadanos afectados que llevan al Ayuntamiento a intervenir en su ayuda no debe servir de excusa para aumentar el parque público de viviendas.