La situación actual del edificio de Hacienda, cerrado al público y con sus oficinas repartidas en varias sedes de la ciudad, cuesta dos millones de euros a los contribuyentes. Este es uno de los motivos por el que la candidata y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, exigirá en el pleno del mes un calendario de trabajo claro y explícito de la reforma del edificio, que lleva tres años cerrado y sus más de 600 trabajadores repartidos en cuatro espacios. Esta operación exige que, para seguir prestando sus servicios, el organismo público tenga que alquilar oficinas, con el altísimo coste que supone y que repercute directamente en el bolsillo de los malagueños.

El inmueble lleva tres años cerrado y aún no existe anuncio sobre su reapertura, que, en ningún caso se producirá antes de 2027. Para entonces, el coste de la operación se habrá disparado a 40 millones de euros. La mitad irá destinado a alquileres provisionales. “La Agencia Tributaria podría aplicar el mismo rigor y exigencia que le aplica al ciudadano en su propia gestión. Es insólito que un organismo que se caracteriza por la inflexibilidad actúe con esa laxitud y desgana a costa del bolsillo del contribuyente”, ha declarado Losada.

Hace un año, el Grupo Municipal de Ciudadanos presentó una moción en el pleno del mes para desbloquear la situación de dos edificios emblemáticos de la ciudad, las sedes de Hacienda y Correos.

La candidata naranja ha querido recordar que hace un año ya presentó una iniciativa en pleno para acelerar estas obras, pero que, desde entonces, apenas se han producido avances. “En estos meses, el Gobierno central ha contratado el proyecto básico para reformar el edificio, pero seguimos sin un calendario cierto y, lo que es peor, gastando dinero público en sedes provisionales que ni conllevan el mejor servicio a los ciudadanos por su dispersión ni concitan la satisfacción de los centenares de trabajadores de la Agencia Tributaria en Málaga, como ha recogido la prensa en los últimos días”, ha puntualizado. 

Antecedentes

El Gobierno central decidió cerrar el edificio por serios problemas en su estructura en 2017, pero la mudanza por fases concluyó en 2019. Casi 4 años después, se desconoce el impacto de la obra, su coste y sus plazos.

Actualmente los funcionarios y los 600 empleados públicos están repartidos en 4 sedes diferentes, que obligan a un desembolso de prácticamente 2 millones de euros en alquileres. La edil ha declarado que todo el proceso, con el tiempo que queda por delante, dispare los costes totales a más de 40 millones de euros, o al menos esas son las estimaciones del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha. 

“El cálculo más optimista para la vuelta al edificio de la plantilla sería el año 2027. Al final de ese proceso, la mitad del coste de la operación se habrá ido previsiblemente en alquileres, situación que, en alguna medida, se podría haber evitado con una ejecución de las obras por fases, como propuso Gestha en su día”, concluye Losada.